Foto de portada: Clase pública en frente a la Facultad de Ciencias Sociales

Escribe Mercedes de Mendieta, Docente UBA y diputada nacional electa de Izquierda Socialista FIT-Unidad

Luego de que el 20 de abril venciera el plazo del segundo fallo de la Justicia para que Javier Milei cumpla con la aplicación de la ley de financiamiento universitario, la cuarta marcha federal universitaria ya tiene fecha: será el 12 de mayo, convocada por la FUA, el CIN y el Frente Gremial. Estamos en una pulseada por el futuro de la educación pública y gratuita.

A pesar de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo ratificó la orden de actualizar los salarios de las y los trabajadores universitarios y las becas estudiantiles, el gobierno de Milei sigue sin cumplir la ley. El fallo fue notificado el 31 de marzo y, al 20 de abril, cuando vencía el plazo, no solo no se transfirieron a las universidades nacionales los fondos por la deuda salarial, sino que el instructivo de liquidación de sueldos que la Subsecretaría de Políticas Universitarias envió dispone un “aumento” del 1,7% (sin ningún tipo de negociación paritaria) para abril, una burla total. Este “aumento” es en realidad una nueva rebaja salarial, ya que la inflación de marzo fue del 3,4%, exactamente el doble. Muy lejos de la recomposición del 51% que establece la ley conquistada en las calles.

En paralelo, el gobierno de Milei evalúa llevar el conflicto a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario, mientras activa en el Congreso negociaciones con sus cómplices para modificar la ley de financiamiento universitario, algo que ya intentó en las sesiones extraordinarias de febrero. No olvidemos que esta modificación implica un “aumento” del 12,4% en cuotas hasta septiembre, es decir, un recorte salarial.

El gasto que Milei dice “imposible de pagar” representa, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, solo el 0,23% del PBI, un monto ínfimo. Por ejemplo, ese monto podría pagarse 15 veces con las exenciones impositivas previstas en el presupuesto nacional 2026, que alcanzan el 3,4% del PBI. Solo las exenciones en el impuesto a las ganancias, del 0,62%, representan más del doble del costo de la ley universitaria.

Se profundiza la fuga de cerebros

Como ocurre con la mayoría de las y los trabajadores del país, la situación salarial se volvió insostenible. Un ayudante de primera cobra, por 10 horas semanales, 250 mil pesos. Más de 10 mil docentes ya renunciaron a sus cargos. Esto implica no solo una pérdida de profesionales y una profundización de la fuga de cerebros, sino también un impacto directo en el cierre de comisiones y en la reducción de la oferta horaria, con mayor precarización laboral para quienes resisten. Un ejemplo es la Facultad de Agronomía, donde renunciaron 100 personas entre docentes e investigadores.

Frente a esto, los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, cuyos intentos de negociar con el gobierno a espaldas de la comunidad universitaria han quedado expuestos, fueron cuestionados por la lucha de docentes, no docentes y estudiantes. Indigna escucharlos criticar, casi por igual, al gobierno de Milei, responsable de incumplir la ley, y a los paros docentes que defienden la universidad. Incluso el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, y otros rectores amenazaron con descuentos a quienes adhieran a los paros, una práctica funcional a la motosierra de Milei y completamente regresiva frente a quienes impulsan la lucha.

Construyamos la masividad de la cuarta marcha

Las federaciones gremiales docentes (Conadu y Conadu Histórica) convocaron a paros escalonados en las semanas del 13 y del 27, mientras que la Fatun, que nuclea a las y los trabajadores no docentes, impulsa medidas para el 23 de abril. Por eso, es imprescindible profundizar el plan de lucha. No alcanzan las medidas parciales ni las negociaciones por arriba. Es necesario convocar de manera urgente a instancias interclaustros e interfacultades que permitan organizar la resistencia desde abajo, articulando a docentes, no docentes y estudiantes en un plan de lucha común.

Finalmente, luego de meses de exigencia, la cuarta marcha federal ya tiene fecha: el 12 de mayo hacia Plaza de Mayo y todas las plazas del país, convocada por la FUA, el CIN y el Frente Gremial. Pero no podemos confiar en los rectores que negociaron a espaldas de la comunidad universitaria ni en las conducciones de las federaciones estudiantiles radicales y peronistas, que no llaman a organizar a las y los estudiantes. La tarea ahora es volver a ser millones, como el 23 de abril de 2024, cuando una marea llenó las calles en defensa de las universidades. Porque lo que está en juego no es solo un presupuesto: es el futuro de la educación universitaria pública, gratuita y de excelencia, la producción de conocimiento y el sistema de ciencia y técnica al servicio de un proyecto de país independiente de las multinacionales, el FMI y el imperialismo yanqui.

El próximo 12 de mayo se realizará una nueva macha federal educativa exigiendo el cumplimiento del financiamiento universitario que el gobierno de Javier Milei se niega a cumplir, y en defensa de la ciencia y técnica que sufren el peor de los ajustes.

Mereces de Mendieta, politóloga, docente de la facultad de Sociales de la UBA y diputada nacional electa (Izquierda Socialista/FIT Unidad) dijo: “El gobierno de Milei se encuentra en completa ilegalidad, hace más de 6 meses no aplica la ley de financiamiento universitario. El 20 de abril venció el plazo del segundo fallo de la justicia para que el gobierno cumpla con la deuda que tiene de más del 51% sobre nuestros salarios y la actualización de las becas que hoy están $35.000. Ahora sube la apuesta, y dice que llevará la disputa a la Corte Suprema para dilatar, mientras intenta activar a sus cómplices en el Congreso para modificar la ley ganada con la lucha. Frente a esta realidad, llevamos casi dos meses de un plan de lucha de docentes, no docentes y estudiantes con paros y clases públicas. Mientras, los rectores nucleados en el CIN negocian con el gobierno a nuestras espaldas y nos amenazan con descuentos a quiénes paramos, y las conducciones de las federaciones universitarias llaman a planes de lucha parciales mientras negociaban por arriba. La próxima semana vamos a una nueva semana de paros, dónde tendremos un claro objetivo: construir una masiva cuarta marcha federal universitaria que le arrancamos al Frente Gremial”. 

Pilar Barbas, secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y dirigenta de la Juventud de Izquierda Socialista (JIS) agregó: “Gracias a la presión a las conducciones, la cuarta marcha federal universitaria tiene fecha: será el 12 de mayo, convocada por la FUA, el CIN y el Frente Gremial. Pero no podemos confiar ni los rectores que negociaron a nuestras espaldas y amenazan a nuestros docentes que luchan, ni en la conducciones radicales y peronistas que no llaman a organizar a las y los estudiantes. Tenemos que volver a ser millones como fuimos el 23 de abril de 2024 cuando una marea llenó las calles de todo el país en defensa de las universidades. Por eso, tenemos que convocar a asambleas interclaustros para que la juventud se organice junto a las y los trabajadores universitarios para volver a lograr el apoyo de la sociedad en las calles. Porque lo que está en juego no es solo un presupuesto: es el futuro de la educación universitaria pública, gratuita y de excelencia, la producción de conocimiento y el sistema de Ciencia y Técnica al servicio de un proyecto de país independiente de las multinacionales, el FMI y el imperialismo yanqui”.

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El próximo 12 de mayo se realizará una nueva macha federal educativa exigiendo el cumplimiento del financiamiento universitario que el gobierno de Javier Milei se niega a cumplir, y en defensa de la ciencia y técnica que sufren el peor de los ajustes.

Mercedes de Mendieta, politóloga, docente de la facultad de Sociales de la UBA y diputada nacional electa (Izquierda Socialista/FIT Unidad) dijo: “El gobierno de Milei se encuentra en completa ilegalidad, hace más de 6 meses no aplica la ley de financiamiento universitario. El 20 de abril venció el plazo del segundo fallo de la justicia para que el gobierno cumpla con la deuda que tiene de más del 51% sobre nuestros salarios y la actualización de las becas que hoy están $35.000. Ahora sube la apuesta, y dice que llevará la disputa a la Corte Suprema para dilatar, mientras intenta activar a sus cómplices en el Congreso para modificar la ley ganada con la lucha. Frente a esta realidad, llevamos casi dos meses de un plan de lucha de docentes, no docentes y estudiantes con paros y clases públicas. Mientras, los rectores nucleados en el CIN negocian con el gobierno a nuestras espaldas y nos amenazan con descuentos a quiénes paramos, y las conducciones de las federaciones universitarias llaman a planes de lucha parciales mientras negociaban por arriba. La próxima semana vamos a una nueva semana de paros, dónde tendremos un claro objetivo: construir una masiva cuarta marcha federal universitaria que le arrancamos al Frente Gremial”. 

Pilar Barbas, secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y dirigenta de la Juventud de Izquierda Socialista (JIS) agregó: “Gracias a la presión a las conducciones, la cuarta marcha federal universitaria tiene fecha: será el 12 de mayo, convocada por la FUA, el CIN y el Frente Gremial. Pero no podemos confiar ni los rectores que negociaron a nuestras espaldas y amenazan a nuestros docentes que luchan, ni en la conducciones radicales y peronistas que no llaman a organizar a las y los estudiantes. Tenemos que volver a ser millones como fuimos el 23 de abril de 2024 cuando una marea llenó las calles de todo el país en defensa de las universidades. Por eso, tenemos que convocar a asambleas interclaustros para que la juventud se organice junto a las y los trabajadores universitarios para volver a lograr el apoyo de la sociedad en las calles. Porque lo que está en juego no es solo un presupuesto: es el futuro de la educación universitaria pública, gratuita y de excelencia, la producción de conocimiento y el sistema de Ciencia y Técnica al servicio de un proyecto de país independiente de las multinacionales, el FMI y el imperialismo yanqui”.

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Escribe Mercedes de Mendieta, docente UBA y diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

Un fuerte operativo policial rodeaba el departamento de Manuel Adorni en el barrio de Caballito, a la espera de la llegada de docentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Se hacían presentes en el marco del plan de lucha por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, para realizar clases públicas. No era casual la elección de la casa del “deslomado” jefe de Gabinete, a días de que salieran a la luz sus privilegios de “casta”. Desde los viajes a Nueva York con su mujer y en jet privado hasta la compra de este departamento, valuado en 230 mil dólares, que habría sido “financiado” en un 87% por dos jubiladas, algo difícil de creer en la Argentina de Javier Milei.

Las clases públicas son una expresión política y una herramienta pedagógica de visibilización de un conflicto abierto en defensa de la universidad. En todo el país no comenzaron las clases y esta acción forma parte de un plan de lucha, porque no hay ninguna posibilidad de que las universidades nacionales puedan seguir desarrollando sus actividades con salarios de miseria, crisis presupuestaria y becas en los niveles más bajos de las últimas décadas. Como consecuencia, se profundiza la fuga de cerebros, con docentes que dejan las aulas y jóvenes que tienen que elegir entre trabajar precariamente o estudiar.

Haber elegido el departamento de Manuel Adorni era todo un símbolo: solo un pasaje del viaje en avión privado a Punta del Este equivale a más de 25 sueldos de un ayudante de primera con dedicación simple. Las clases públicas fueron un acto político por lo que representa realizarlas en el domicilio de uno de los funcionarios más protegidos por este gobierno, pero con mayor repudio social: 7 de cada 10 argentinos piensan que es corrupto y que tiene que renunciar. Porque mientras ellos se enriquecen, las y los docentes se empobrecen.

El cronograma de clases incluía temas como “el extractivismo y la Ley de Glaciares”; “la relación entre el modelo económico, el saqueo de recursos naturales y el desfinanciamiento de la educación pública” y una clase de filosofía “sin fin”. Una vez más, se ve cómo las y los docentes que luchan también enseñan, y que la defensa de la universidad pública y del pensamiento crítico son parte de un modelo de país independiente de las multinacionales, enfrentado directamente a la ultraderecha. Las clases públicas frente a la casa de Manuel Adorni fueron una advertencia de que la universidad pública salió a disputar en la calle y que va a pelear hasta vencer.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

Por tercer año consecutivo Milei lanzó un video del 24 de Marzo bajo el lema de “memoria completa”. Desde la cuenta oficial de la Casa Rosada, presentó a la dictadura de 1976 como un régimen “cívico-militar” y a la lucha contra la impunidad contra un “relato” de cuál se benefició el kirchnerismo. Con un video de una duración de una hora y 14 minutos, la estrategía comunicacional se basa en dos testimonios: el de Miriam Fernández, la nieta recuperada 127 por Abuelas de Plaza de Mayo y el de Arturo Larraburu, hijo de un militar que trabajó en Fábricas Militares que fue secuestrado en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). En más de 74 minutos no se menciona a las y los 30 mil ni se presentan los hechos más oscuros de nuestra historia como consecuencia del terrorismo de estado. Para finalizar, llamó a “dar vuelta la página” y a la “reconciliación” con los milicos asesinos. Un video negacionista del genocidio de la última dictadura militar.

La insistencia del gobierno de Milei en hablar de “memoria completa” es la presentación del relato de los genocidas para su propia defensa. Esta narrativa no busca “completar la memoria”, sino relativizar el genocidio, erosionar el #NuncaMás, y poner en duda nuestra historia. Su objetivo es negar el terrorismo de Estado, invocando una “guerra” e intentando equipar las acciones de la guerrilla con el plan de la dictadura de desaparición, tortura y exterminio de una vanguardia obrera y popular que buscaba transformar el sistema capitalista. 

Al revés de lo que dice el gobierno, las sentencias judiciales, los archivos desclasificados y el trabajo incansable de organismos como Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo y a la lucha de décadas del movimiento de derechos humanos no dejan lugar a interpretaciones ambiguas. Fue, por ejemplo, gracias a Abuelas de Plaza de Mayo y al Banco de datos genéticos (organismo atacado por este gobierno) que en diciembre de 2017 Miriam Fernández supo quiénes eran sus padres biológicos: Carlos Simón Poblete y Maria del Carmen Moyano, ambos desaparecidos en 1977. Y fue por medio de las investigaciones judiciales que se comprobó que Amando Osvaldo Fernández (oficial de la policía durante la dictadura genocida) se apropió de Miriam y por lo que fue condenado a diez años de prisión por robo de identidad. 

Y si no llegamos a toda la verdad, es por el pacto de silencio de los genocidas, por eso en la Plaza de Mayo este 24 se gritaba ¡que digan dónde están! Frente a ello, reivindicamos el enorme trabajo del equipo de antropología forense que días atrás logró identificar doce cuerpos de detenidos-desaparecidos en La Perla, uno de los mayores centros clandestinos de la provincia de Córdoba. Si aún no conocemos toda la verdad, es porque no se abrieron todos los archivos de la dictadura militar y porque nos faltan 300 nietas y nietos. Es porque a 50 años del inicio de la dictadura genocida sigue habiendo impunidad y cada paso que se dio, no fue concesión de ningún gobierno, sino producto de la lucha incansable del movimiento de derechos humanos. 

Lucha que este 24 mostró que, en el país del #NuncaMás, no hay lugar para el negacionismo de Milei. Que la pelea sigue contra la impunidad de ayer y de hoy, contra el desmantelamiento de las políticas y organismos de derechos humanos, contra el intento de llamar a la reconciliación para abrir lugar a los indultos. En todo el país, el pueblo trabajador respondió con una movilización histórica, fuimos una marea de millones, llenamos las calles para decir bien fuerte: ni olvido, ni perdón, cárcel común y perpetúa para los genocidas y sus cómplices civiles. Porque en nuestro país no hay lugar para la impunidad: fueron 30 mil y fue genocidio.